¿Que pasa en los Puertos ?

01.09.2017

Por Alicia Salgado

Después de la transferencia de las Capitanías de Puerto de la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, a la Secretaría de Marina (Semar), de Vidal Francisco Soberón, el sector marítimo, integrado por operadores portuarios, terminalizadoras por marina mercante, esperan un remedio a la problemática que se observa en diferentes puertos.

Desde el pasado 17 de julio cuando se mudaron las facultades como máxima autoridad marítima a la Armada, un área de nueva creación se ocupa de estos asuntos.

La Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, al mando del vicealmirante Jorge Manuel Sáinz Zamorano, tiene todo su enfoque en el estado que guarda el transporte marítimo de altura, de cabotaje, permisos, marinas y seguridad, entre muchos otros aspectos.

La revisión exhaustiva se da en razón de la exigencia de los navieros nacionales e internacionales de poner orden en este sector que llevó en lo particular Pedro Pablo Zepeda Bermúdez desde la Dirección de Marina Mercante de la SCT.

Nos comentan que el funcionario retirado hace apena unas semanas de esa área, dependiente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que lleva Guillermo Ruiz de Teresa, dejó amplios pendientes y un clima de crispación.

Uno de los casos más representativos del problema que recibió la Marina, se observa en el mercado de Cozumel, Cancún, Isla Mujeres, donde, por ejemplo, la Naviera Magna, con el nombre comercial de Ultramar, de Germán Orozco Sarro, ha ejercido un servicio monopólico.

De hecho, la Dirección de Puertos de la SCT, a cargo de Alejandro Hernández, en el resolutivo del 12 de julio pasado, 7.3.1774.17 con expediente 01/2017, canceló la exclusividad que Ultramar tenía sobre un muelle en la terminal de ferries de Cozumel, algo que reclamaban las grandes empresas de cruceros por lo caro, pésimo e indeficiente servicio, y que el gobierno de Quintana Roo, de Carlos Joaquín, tenía en foco rojo.

La exclusividad fue otorgada a la naviera mediante un contrato que se declaró ilegal por ir en contra del artículo 10, fracción 1 y 45 de la Ley de Puertos que no permite la exclusividad sobre instalaciones portuarias públicas, no obstante que también tiene el de Puerto Juárez, Cancún.

Este contrato fue declarado por la propia Capitanía de Puerto como un instrumento jurídicamente inexistente, en su momento avalado por los directores de API Quintana Roo, Javier Zetina en el sexenio de hoy senador Félix González Canto y Ercé Barrón en el de Roberto Borge.

Y qué decir de Barrón, hoy prófugo y con orden de aprehensión por la Fiscalía de Quintana Roo, y quien se comenta fue una pieza en el tablero de los permisos de navegación a la naviera Barcos Caribe, propiedad de Impulsora Marítima de Quintana Roo, de la familia Borge, y sobre quien hasta el SAT ha determinado actuación penal.

Lo que extraña es que sabiendo quienes fueron piezas esenciales en el otorgamiento de dichos permisos a Ultramar o Barcos Caribe, no se avance en la investigación iniciada por la PGR, de Raúl Cervantes, pues se ha librado orden de aprehensión UEIORPIFAMQR/ 0000749/2016 contra Barrón, pero la empresa sigue operando por la falta de supervisión. Todos suponen de donde obtuvo fondos para su desarrollo, porque tan pronto salió Borge del gobierno, se vino abajo.

Tanto los colegios e institutos náuticos, los sindicatos de marinos, los oficiales de protección, pilotos de puerto, los oficiales de máquinas y el Frente Unido de Marinos Mercantes, han reiterado el desaseo que hay en el sector marítimo. Sólo tome el caso de Quinta Roo, pero los monopolios y exclusividades, recién lo apuntó la Cofece, de Alejandra Palacios, para la terminal de carga de Puerto Progreso y, en la API de Topolobampo, donde el colmo fue el haber falseado el contrato licitado para facilitar la monopolización de los servicios graneleros.

La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram), de Luis Ocejo, con más del 50% de la flota varada, también ha llamado a ordenar el sector.

Navieras como Marinsa, de José Luis Zavala, y Naviera Integral, de Juan Pablo Vega, luchan por entrar al negocio de pasaje en Cozumel frente a la crisis de servicios petroleros off shore, pero el monopolio pesa.

DE FONDOS A FONDO

#ReglasYAviones... Le comenté ayer de la preocupación que tienen las líneas aéreas porque llegó el último día de agosto y aún no sale el reglamento de la Ley de Aeropuertos que, ya modificado y eliminado el proceso de subasta de slots, se encuentra en proceso de aprobación en la Consejería Jurídica.

La ley es clara y aplica el reglamento vigente; bajo este paraguas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dirige Alexandro Argudín, está realizando la asignación de slots de despegue y aterrizaje para la temporada otoño-invierno, y por el otro lado, la Dirección General de Aeronáutica Civil, de Miguel Peláez, ya emitió las circulares obligatorias que se consensaron con los integrantes de la Cámara Nacional de Aerotransporte, que preside Sergio Allard, en las que se establece el mecanismo para informar y terminar las causas y responsabilidades por retrasos y cancelaciones de vuelo.

Si bien esto es clave para dar cumplimiento a la reforma legal que estableció mayor claridad en los derechos del consumidor aéreo, tanto como la circular para el registro de las políticas de compensación a pasajeros, también permitirán fortalecer la estadística de cumplimiento de los slots asignados.

Ahora, el proceso si va retrasado y es cierto que no tienen las aerolíneas hoy la posibilidad de cumplir con el mandato de la Cofece, de Alejandra Palacios, pero el plazo que el ente antimonopolios estableció vence el 29 de septiembre y, aunque es difícil que los juzgados especializados resuelvan el tema en tiempo, si la regla en comento sale sin la subasta de slots, por ejemplo, se tendrá que recurrir a la Cofece para demostrar que el mecanismo que estaba en la regla ya no está y no se puede cumplir la orden que dio.

Si no fuera el caso, yo supongo que el AICM -sujeto obligado a subastar slots- tiene hasta el 28 de septiembre para presentarle alguna alternativa que le permita cumplir con la resolución. Como sea, lo ideal es que el reglamento dé certidumbre.