Situación legal del CABALLO MARANGO

11.12.2017

El buque Caballo Marango de nacionalidad panameña es obligado a permanecer dentro de la flota de la naviera Oceanografía actualmente en quiebra, aun y cuando existe una sentencia definitiva e inatacable que ordena entregarlo a sus legítimos propietarios desde febrero de 2017.

El buque pertenece a la empresa Shanara Maritime International S.A. y en 2011 había sido rentado a Oceanografía para realizar trabajos de mantenimiento y construcción en la Sonda de Campeche; sin embargo, la falta de pago de fletes mensuales y el destape de la investigación por el presunto fraude cometido por Oceanografía a Banamex ocasionaron que en febrero de 2014, Shanara cancelase ese contrato de renta; pero en marzo siguiente la embarcación fue asegurada por la Procuraduría General de la Republica y posteriormente en diciembre de ese mismo año también por el Juzgado que declaro la quiebra de esa notoria naviera mexicana, forzándola a permanecer bajo su administración.


Después de tres años en tribunales y a pesar de la resistencia del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) a cargo de su Director General Héctor Orozco, quien también se mostró sospechosamente interesado en mantener el buque bajo su propia administración, quedó demostrada la ilegalidad de los aseguramientos y se ordenó su entrega definitiva en febrero del presente año; increíblemente dos nuevos amparos presentados por empresas "marioneta" en contra de esta orden fueron admitidos por el Juzgado Décimo de Distrito en Coatzacoalcos, aun y cuando no eran procedentes bajo ningún criterio jurídico posible.


Efectivamente, meses después ambos amparos fueron desechados por haber sido admitidos ilegalmente en Coatzacoalcos y desde junio de 2017 la orden de entrega del buque a sus propietarios ha quedado vigente nuevamente, pero sin explicación alguna el Síndico de la empresa quebrada ha incumplido con dicha obligación manteniendo al Caballo Marango anclado en la Sonda de Campeche, expuesto al paso de huracanes y tormentas, en manos de una empresa en quiebra incapaz de suministrarle combustible, mantenimiento, tripulación calificada, pólizas de seguros, etcétera. 


Con la esperanza de encontrar una sola autoridad en México con deseos de cumplir la ley, la situación de inseguridad del buque fue reportada desde el 17 de junio de 2017 por Shanara ante la recién creada Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos; esto fue exactamente el mismo día en que entró en funciones la "Autoridad Marítima Nacional", sin embargo después de meses de insistir y de ofrecer alternativas de solución sus propietarios han perdido las expectativas de que esta nueva autoridad pueda hacer la diferencia en cuanto a garantizar la seguridad del buque, por lo que a Shanara solo le resta continuar con la millonaria demanda internacional de daños y perjuicios en contra del Gobierno de México por el trato inequitativo recibido a sus intereses, ampliando su demanda ahora para incluir a la Secretaría de Marina y sus dependencias a cargo de la aplicación de normatividad marítima nacional e internacional.


Según nos explica el apoderado legal de Shanara en México el Capitán de Altura y Licenciado en Derecho Francisco de Jesús Riveros García, "los gobiernos de México y Panamá mantienen un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) y en los términos de este instrumento internacionales existe suficiente evidencia para demostrar que a nuestros clientes se les ha dado un trato injusto e inequitativo que ha provocado severos daños y perjuicios a su patrimonio por lo que desde el dos mil quince Shanara inició su demanda internacional de arbitraje ante la Secretaría de Economía exigiendo el pago de más de 170 millones de dólares, cantidad que desde entonces se ha estado incrementado con cada día que pasa por los actos indebidos de las autoridades mexicanas, consecuentemente ahora nuestros clientes han tomado la decisión de ampliar su demanda para incluir en ella los daños y perjuicios que le sean atribuibles a la Secretaria de Marina y sus dependencias."


Aun y cuando el pago reclamado podría alcanzar una cifra mayor a los 300 millones de dólares, el mayor daño es el que este caso le está causando a nuestro país ante las instancias mundiales que califican los niveles de seguridad que existe en México para recibir inversiones extranjeras.


Fuente : Comunidad Portuaria / Israel Pérez Martínez